Nuestra historia como república está marcada por infructuosos esfuerzos de alcanzar la estabilidad y armonía en la convivencia social. Almenos es eso lo que creemos. Un de las grandes figuras creadas para el efecto, es la madre Justicia. Hablaré de este tema empleando una crítica objetiva de la realidad actual, y posterior a ello, expondré dos ideas.
Describir detalladamente la calidad del sistema de justicia que ha existido en nuestro país, nos proporcionaría tal tristeza y desilusión que podría llevarnos -sutilmente- al suicidio. Por ello y con fines prácticos, puedo graficar la dramática historia de nuestro sistema de justicia mencionando las siguientes características: Influencias políticas y tráfico de influencias de todo tipo, cadena de favores, compraventa de sentencias (con un grado muy elevado de tecnicismo y formalidad, precios estandarizados y sistemas de plusvalía); bochornosos niveles de conocimientos jurídicos tanto de los “Magistrados” como en el contenido de las sentencias que regularon asuntos puntuales (Jurisprudencias); nula capacidad de innovación de la comunidad jurídica, judicialización de conflictos privados, leyes creadas para enredar y complicar los trámites, formalismos legales innecesarios, prolongación injustificada de los casos con mecanismos de apelación; ignorancia en todas sus gamas, desfachatez, porquería, sangre, prostitución, dinero y maldad. Mucha maldad. Este terminó siendo el sistema más oscuro, corrupto y macabro que un ser humano, con niveles decentes de tolerancia existencial, pudo haber conocido.
El Ecuador, en los últimos meses, finalmente se aventuró a combatir esta realidad con todas sus fuerzas. Con mucho optimismo por parte de unos e igual medida de escepticismo por parte de otros, la reforma al sistema de justicia finalmente empezaba a sentirse como la conquista de un amor inalcanzable.
El primer paso se dio al declararse en “emergencia” a la Función Judicial, lo cual permitió agilitar la contratación de bienes y servicios de acuerdo a la planificación a cargo del “Consejo de la Judicatura de Transición”, tema altamente controversial. Con esto se inició la construcción de Cortes Provinciales nuevas y remodelación de sedes antiguas, se crearon unidades judiciales ubicadas por sectores de la ciudad, para que la “justicia esté a la mano de todos”, se invirtió en infraestructura policial tanto en la creación de puntos móviles y estables, como en sistema de gestión interna de la institución.
En el ámbito judicial, se implementaron pruebas psicológicas, académicas y políticas de selección de jueces al mecanismo de concurso de méritos y oposición; se añadió al sistema de despachos de causas un sistema de gestión, con la idea de que los jueces y agentes judiciales se dediquen exclusivamente a resolver los juicios, quedando a cargo de los primeros la organización logística de los mismos y la labor administrativa de los juzgados; se implementó también un sistema de notificaciones digitales a las personas que mantienen juicios en proceso, se presentaron proyectos de reforma de leyes, tales como el controversial “Código Penal Integral” y el “Código Procesal Unificado”, entre otros.
Debemos coincidir en que existe un fuerte sector poblacional que cree y confía en estos cambios, así como existe un fuerte sector poblacional que no lo hace. Ambos tienen sus verdades, sus razones. La evaluación y valoración moral de ello no es materia del presente artículo.
Lo responsable -como ciudadanos pensantes- es reconocer los méritos y desméritos de los cambios que día a día se presentan (o se intentan alcanzar) en nuestra realidad, identificarlos, analizarlos y nutrirlos con críticas constrictivas. Creo que esa virtud de complementariedad es la que ha propulsado los grandes avances de la humanidad.
Desconocer los esfuerzos intentados, sería tan irracional como aseverar que ellos han sido perfectos.
Un cambio de esta magnitud, no se puede palpar sin el transcurso del tiempo. Es probable que la siguiente generación sea la afortunada de vivir una realidad distinta. Hoy por hoy, sin embargo, es necesario adentrarnos un poco más en el análisis de este tema y fijarnos en la clase de medidas que se están adoptando para limpiar la suciedad de nuestra justicia.
En mi opinión, la mayoría de medidas que se están implementando son de carácter formal. Esto es positivo en muchos aspectos, pero creo que la verdadera solución no solo está en la forma, sino muy en el fondo. En ese sentido y luego de haber comentado un poco el contexto en el que estamos hoy, les compartiré a continuación dos propuestas puntuales que podrían alimentar la idea de un sistema de justicia efectivo:
1.- Procedimientos Preliminares como mecanismo para filtrar procesos.
Uno de los principales problemas de fondo, es el congestionamiento de las cortes con procesos judiciales que no ameritan realmente la intervención del aparato judicial. Esto puede ser denominado como la “Judialización de los conflictos privados” o puede ser llamado de otras formas, pero se trata del mismo problema.
Este problema se genera, entre otras, por una razón bastante evidente: Cualquier conflicto puede convertirse en un juicio, solo es necesaria la presentación de una demanda que cumpla con las formalidades requeridas por la ley.
Si bien en nuestro sistema jurídico, toda petición al aparato de justicia debe ser acogido y resuelto –Principio de Tutela Judicial Efectiva-, no es menos cierto que ello debe darse de forma efectiva. Tal meta nunca ha sido alcanzada.
Muchas legislaciones avanzadas detectaron este problema y pudieron darle solución separando el procedimiento en dos etapas: la llamada “Etapa de Juicio” donde se decide el problema de fondo, e implementando los llamados “Procedimientos Preliminares”[1], que tienen por finalidad desmenuzar o fragmentar el conflicto global, en una clasificación ordenada de hechos, pruebas, pretensiones y argumentos legales puntuales; antes de alcanzar la etapa de juicio mencionada, mecanismo que permite de cierta forma filtrar los conflictos antes de que lleguen a ser un juicio propiamente dicho.
“Un buen procedimiento preliminar eliminará controversias ficticias y estimulará las transacciones entre las partes en conflicto”[2], además de elevar sustancialmente la calidad del juicio y alcanzar la -verdadera- verdad procesal.
Cabe recalcar que no estamos del todo al margen del tema; existen ya ciertos ámbitos en la práctica legal en los que se han adoptado estas medidas[3]
2.- La decisión de un conflicto.
El intento de cambio del sistema de justicia, conlleva un cambio en el perfil de los jueces administradores de justicia. Esto, debido a que finalmente notaron que son ellos los culpables de las atrocidades y corrupción en nuestro país.
Cambiar el perfil de los jueces puede servir muchísimo, sin embargo, el problema con los jueces está más relacionado con la economía que con la educación o psicología. Son muchos los casos en los que se ha desembolsado dinero a cambio de una sentencia. Si se busca bien, podremos encontrar este virus en todos los sistemas de justicia del mundo. Sin embargo, en nuestra realidad no es necesario “buscar bien” para notar que ese virus es la razón de ser de todo el sistema.
Con lo expresado, resultaría razonable pensar que un sistema cimentado y edificado en “compensaciones económicas”, podría cambiar de jugadores pero el juego seguiría siendo el mismo, a menos que se modifique sustancialmente su esencia. Tal modificación podría darse en el “momento” de sentenciar, dejando atrás la figura del juez todopoderoso –uno o tres-, para entregar el “poder de decidir” a un grupo de personas, previamente seleccionadas, que representen a la sociedad. (Jurados).
En un pasado lejano, nuestro sistema de justicia ya adoptó este mecanismo al momento de sentenciar, sin embargo, en aquel entonces, las consecuencias no fueron positivas. Se especula mucho al respecto, pero las opiniones coinciden en que el sistema de jurados no se implementó del todo bien, puesto que se dejó de lado muchos aspectos técnicos necesarios para su saludable funcionamiento.
Sin adentrarnos en las implicaciones económicas, operativas ni intelectuales que tal cambio conllevaría, es indiscutible que con él se reducirían sustancialmente las “compras de jueces y sentencias”, en especial, en materia penal y de daños, donde se generan las consecuencias más nocivas.
A manera de conclusión, cabe señalar y reconocer que existen muchísimas ideas que pueden contribuir a la edificación de un sistema de justicia sano, funcional, y, sobre todo, JUSTO. El Estado, bien o mal, está haciendo lo suyo y eso debe ser destacado. Nosotros, lastimosamente no contamos con un espacio oficial de discusión en el que -todos y cada uno- podamos acotar nuestras ideas y criticarlas constructivamente. Por ello, como fiel creyente de la justicia y el derecho, los invito a compartir sus ideas, propuestas, creaciones y en fin, toda acotación que se destine al propósito de construir un sistema de justicia real. Por mi parte, he iniciado hoy una primera publicación sintetizada de estas ideas que divagan en mi cabeza y seguiré compartiéndolas en publicaciones posteriores. Espero que al final, podamos contribuir con algo bueno.
-Libertad & Justicia-
[1] Los siguientes son unos cuantos mecanismos preliminares que se aplican en otras legislaciones: a) Interlocutory State, b) Pre trial conference, c) Pleadings, d) Discovery, e) Pre trial hearing (Audiencia Preparatoria).
[3] Por ejemplo la Audiencia Preliminar en los Juicios de Trabajo, las fases pre procesal y procesal en materia Penal y los cambios que constaban dentro del proyecto de Código Procesal Unificado.
Estoy de acuerdo en líneas generales contigo, Juancho. Pero yo hubiera hecho una gran salvedad: el Gobierno ni siquiera intentó modernizar la justicia y preservar la independencia de la función judicial al mismo tiempo.
ResponderEliminar¿A qué me refiero? Si se revisa el presupuesto de inversión de la función judicial del 2010 para atrás, el monto era risible. Un millón de dólares para todo el país, más o menos. Si es que en verdad querían modernizar la Justicia, ¿por qué no destinaron desde el 2007 los enormes fondos que empezaron a asignar desde que ganaron la consulta popular? A mi criterio, es porque al Gobierno no les interesaba tener una justicia eficiente que no le responda a él.