lunes, 4 de enero de 2016

Contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio

El 20 de abril del 2015 entró en vigencia la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar (LOJL) mediante la cual se creó un nuevo tipo de contrato de trabajo: el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Luego, el 6 de noviembre del 2015 se publicó el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0242 (AM242) del Ministerio del Trabajo a través del cual se expiden normas que regulan dicho contrato.

Explicaremos lo que establece cada normativa y luego haremos algunos comentarios, principalmente dirigidos a demostrar inconsistencias.

En la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar

Comenzaremos por analizar el reciente artículo del Código del Trabajo (CT) dado por la LOJL, mediante el cual nace el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Por su nombre podemos deducir su concepto, pues la ley no lo explica, pero se entiende que este contrato viene a suplantar el contrato por obra cierta que ha sido utilizado por empresas para el desarrollo de actividades propias de su objeto social, ya que este último no ofrecía estabilidad a los trabajadores y, aparte, su uso de esta manera era incorrecto. Podemos fraccionar el articulado en los siguientes puntos:

1. “Una vez concluida la labor o actividad para la cual fue contratado el trabajador”, finaliza el contrato de trabajo entre éste y el empleador.

2. Terminada la relación laboral, se pagará la bonificación por desahucio de acuerdo al Art. 185 del CT (se entiende que además de los proporcionales de las decimotercera y decimocuarta remuneraciones, de las vacaciones y de los fondos de reserva).

3. En caso de que el empleador ejecute nuevas obras o servicios, tiene la obligación de contratar nuevamente a los trabajadores que laboraron en las obras o servicios anteriores, aunque hasta el número de trabajadores que necesite y a elección suya. Pero los que no sean llamados para estas nuevas obras o servicios, deberán ser llamados para las siguientes en caso de que las plazas de trabajo lo ameriten.

4. Si el empleador para sus nuevas obras o servicios no llamase a los trabajadores anteriormente contratados, aunque sus labores se necesiten y existan las suficientes plazas de trabajo, “se configurará el despido intempestivo y (el trabajador) tendrá derecho a percibir las indemnizaciones”.

5. Si el trabajador no acude a trabajar en las nuevas obras o servicios del empleador, pese a ser llamado por éste, el empleador ya no tendrá la obligación de volverlo a llamar para las siguientes obras o servicios que efectúe.

6. En este contrato el empleador puede tramitar visto bueno a los trabajadores y viceversa.

7. El Ministerio del Trabajo regulará este contrato e indicará para qué actividades se dará su uso.

En el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0242 del Ministerio del Trabajo

Ahora procederemos a revisar el AM242 que tiene como fin regular lo dispuesto por la LOJL. Asimismo, resumiremos este documento con lo más relevante:

1. Este contrato será utilizado en las actividades de ejecución de obras de construcción que estén dentro del giro del negocio del empleador y en la ejecución de obras y/o prestación de servicios dentro de proyectos calificados como estratégicos para el Estado.

2. El período de duración de este contrato será “por el tiempo que dure la ejecución de la obra o el proyecto estratégico”.

3. En el primer contrato (o llamado) se podrá hacer uso del período de prueba, pero en los siguientes no.

4. El pago de la remuneración se lo podrá efectuar semanal, quincenal o mensualmente.

5. Se podrá pagar la parte proporcional de la decimotercera y decimocuarta remuneraciones, de las vacaciones y de la bonificación por desahucio de modo semanal, quincenal o mensual.

6. En los siguientes contratos (o llamamientos) se podrá establecer condiciones diferentes a los anteriores.

7. El contrato terminará concluido su período de duración, sin perjuicio de los modos establecidos en el Art. 169 del CT.

8. Terminado el contrato, el empleador deberá pagar la bonificación por desahucio “por el tiempo efectivo de trabajo realizado de forma proporcional”.

9. El empleador para la ejecución de sus nuevas obras o servicios deberá contratar a los trabajadores que anteriormente entregaron sus servicios, pero hasta por el número de puestos de trabajos que se requiera y de acuerdo a las actividades y especializaciones que se necesiten.

10. La obligación del empleador de llamar a los trabajadores antes contratados para la ejecución de nuevas obras o servicios dura un año, luego dicha obligación se extingue y puede contratar a otros trabajadores.

11. Los llamamientos obligatorios antes indicados pueden realizarse por cualquier medio, incluso por el Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo (SAITE).

12. Una vez llamado el trabajador para que labore en las nuevas obras o servicios del empleador, tiene 5 días para acudir, si no, dicho llamamiento y los futuros ya no serán obligatorios.

13. Si el contrato llegase a terminar por un motivo distinto a la conclusión de la labor o actividad para la que fue contratado el trabajador, entonces no habrá obligación de efectuar siguientes llamamientos. Tampoco habrá esta obligación si los servicios del trabajador no son requeridos para las nuevas obras o servicios del empleador.

Algunos comentarios

Antes de continuar, vale recordar que según el Art. 425 de la Constitución las leyes orgánicas poseen una posición jerárquica superior frente a los acuerdos ministeriales, por lo que la LOJL prevalece frente al AM242. Esto quiere decir que si existen disposiciones contrarias entre ambas, será lo determinado en la LOJL lo que predomine; por ende, de ninguna forma, el AM242 puede reformar lo expuesto en la LOJL.

Actividades para las que aplica este contrato

El Ministerio del Trabajo es quien determina para qué actividades empresariales se deberá utilizar este contrato. Por el momento su uso será sólo para la ejecución de obras de construcción que sean parte del giro del negocio del empleador y para la ejecución de obras y/o prestación de servicios dentro de proyectos calificados como estratégicos para el Estado.

Tiempo de duración del contrato

Respecto a este tema el AM242 contradice a la LOJL. La LOJL dice que la relación (o contrato) de trabajo termina si concluye la labor o actividad para la cual fue contratado el trabajador, mientras que el AM242 dice que el contrato termina concluida la ejecución de la obra o del proyecto estratégico. Según la primera, la duración del contrato se basa en el servicio propio del trabajador, es decir, una vez que él culmine sus labores determinadas, concluye su contrato (ej.: instalar el techo de una casa); mientras que la segunda se basa en la ejecución de la obra como tal, o sea, una vez que culminada la totalidad de la obra o proyecto, concluye el contrato de todos los trabajadores (ej.: la casa). En consecuencia, siendo la LOJL superior que el AM242, el contrato termina concluido la labor o actividad para la cual fue contratado el trabajador. Todo esto sin perjuicio de que el contrato pueda terminar antes por las causas del Art. 169 el CT o por despido intempestivo.

Estabilidad

La LOJL en el primer inciso del artículo en cuestión indica que el contrato de trabajo termina si concluye la labor o actividad para la cual fue contratado el trabajador. Luego, en el siguiente inciso, dice que se configurará un despido intempestivo si el empleador no cumple con llamar al trabajador antes contratado para las nuevas obras o servicios. Aquí existe una terrible contradicción de conceptos.

Se entiende por despido intempestivo la terminación del contrato de trabajo de manera unilateral por parte del empleador sin justificación (esto es, sin que sea por motivo del período de prueba, del desahucio o del visto bueno). Así, se deduce que para que se configure un despido intempestivo necesariamente debe existir antes un contrato de trabajo, porque sin contrato, ¿de qué se despediría al trabajador? Sin embargo, el legislador en este artículo confunde las instituciones y manifiesta, primero, que el contrato de trabajo termina, y después, que una vez terminado puede darse un despido intempestivo si el empleador no cumple con un hecho. Por lo cual, podría pensarse que este tipo de despido intempestivo no tendría efectos, ya que para ese momento no habría un contrato de trabajo. Pese a lo anterior, y notando la evidente intención de dársele al trabajador estabilidad en este contrato, con seguridad los jueces se basarán el in dubio pro operario para entender que el contrato en realidad no termina una vez que concluye la labor del trabajador en cada obra, sino que las labores del trabajador se suspenden temporalmente hasta que empleador requiera nuevamente de ellas en una nueva obra, asimilando un poco este contrato al de temporada. Pero de llegar a darse esta suposición, nacen nuevas interrogantes:

1) Si el trabajador no acude al llamado del empleador para las nuevas obras o servicios que ejecute, ¿el empleador deberá tramitarle un visto bueno por abandono para terminar legalmente con el contrato de trabajo? Creemos, según la hipótesis anterior, que sí, pues la ley no indica que por no acudir el trabajador al llamado termina el contrato, sino que simplemente la obligación de llamamiento se extingue; más aún, porque el legislador inmediatamente después de explicar esta extinción, menciona que para este contrato aplican las reglas del visto bueno, de otro modo sería redundante dicha mención. Esto sería lo jurídicamente correcto, aunque económicamente le significaría al empleador un costo operativo bastante alto.

2) Si entre una obra y otra transcurre más de un año, según el AM242, la obligación del empleador de llamar a los trabajadores se extingue también. Pero, si se afirma que el contrato de trabajo no termina con la conclusión de las labores del trabajador, sino que ésta se suspende momentáneamente, ¿cómo puede el empleador dar por terminado legalmente el contrato? En este supuesto un visto bueno no cabría, pues sus causales vienen dadas por la voluntad del trabajador (ej.: abandonar sus labores expresamente) y no es el caso. El Art. 169 del CT no se ajusta a estas circunstancias en este peculiar contrato. Parecería que este contrato, en este escenario, sólo podría terminar por despido intempestivo, lo cual sería injusto para el empleador por las indemnizaciones que se generarían.

3) Por otro lado, si se considera que realmente el contrato no termina cuando concluye la labor del trabajador en cada obra, sino que su labor se suspende, una vez dada esta suspensión, ¿se deberá cancelar la bonificación por desahucio? La bonificación por desahucio siempre se ha cancelado una vez terminado el contrato de trabajo (más adelante veremos el porqué, independientemente de que la ley expresamente genera este derecho únicamente terminado el contrato) y en determinadas condiciones, por lo que en un primer momento consideramos que no procede su pago hasta que definitivamente termine el contrato.

Y es que, o se acepta la tesis de que el contrato de trabajo termina con la culminación de las labores del trabajador y no procede despido intempestivo si no se lo vuelve a llamar; o se acepta la tesis de que el contrato de trabajo no termina con la culminación de las labores del trabajador, sino que se suspenden sus labores, y no procede el pago de la bonificación por desahucio en dicha suspensión. Debe ser lo uno o lo otro. Y en esto el principio de “en caso de duda, lo más favorable para el trabajador” a lo mucho puede permitir la selección de la tesis que más convenga al trabajador, pero no mezclarlas, porque el Derecho no admite contradicciones. Pero seré pesimista y vaticino que de algún modo se logrará que el trabajador tenga por este contrato, a la vez, estabilidad y bonificación por desahucio por cada obra.

Bonificación por desahucio

Aparte de lo arriba expuesto, el AM242 genera otros inconvenientes con relación a la bonificación por desahucio. El primero es que indica que al terminar el contrato el empleador deberá pagar proporcionalmente este rubro al trabajador. El segundo es que determina que por acuerdo de las partes se podrá cancelar esta bonificación proporcionalmente de modo semanal, quincenal o mensual.

Respecto a lo primero, la LOJL menciona que la bonificación se la pagará conforme lo establece el Art. 185 del CT, donde consta la redacción para su cálculo, la misma que no ha variado con la última reforma y que dice que “el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador”. Por esta oración siempre se ha entendido que este rubro se cancela por cada año de servicio cumplido, es decir, la fracción de un año no genera mayor valor a esta bonificación. Y es que a diferencia de la indemnización por despido intempestivo (que para su pago la fracción del año se entiende como año completo) y de las decimotercera y decimocuarta remuneraciones (que para su pago se aprueba la proporcionalidad), la LOJL y sus antecesoras no han permitido que la fracción de un año pueda provocar derecho a la bonificación por desahucio, sino sólo el año completo. Hay un sinnúmero de jurisprudencias en este sentido, puesto que la norma jerárquicamente superior al AM242 es clara. Por lo tanto, y como ejemplo, si un trabajador labora dos años y tres meses, el empleador deberá cancelarle la bonificación por esos dos años, pero no por los tres meses, ya que el AM242 contraviene a la LOJL.

Sobre lo segundo, además y de acuerdo a lo argumentado anteriormente, sería imposible pagar semanal, quincenal o mensualmente el proporcional de la bonificación por desahucio, porque este derecho nace al cumplirse cada año, luego sería imposible conocer si el trabajador cumplirá o no el año que cursa como para anticiparle dicho pago.

Período de prueba

El AM242 dice que se podrá fijar un período de prueba en el primer contrato (o llamamiento), pero no en los siguientes. Una vez más, este acuerdo se contrapone con su norma superior. La LOJL claramente expresa que el periodo de prueba será usado en los contratos a plazo indefinido y no en otro tipo de contrato. Por ello, la utilización de un periodo de prueba en un contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio sería ilegal.

Finalmente, creo que la tarea de elaborar normas, desde leyes hasta acuerdos, es una responsabilidad muy grande, porque un error en ellas puede acarrear graves resultados en la práctica de los ciudadanos. A través de este texto he querido evidenciar algunos problemas con la LOJL y el AM242 relativos al contrato en cuestión y, a la vez, tratar de dar soluciones para la aplicación correcta de nuestra legislación. Pero será el tiempo y las autoridades quienes dirán cómo sobrevivirá esta nueva figura.

lunes, 16 de noviembre de 2015

El desahucio a la mujer embarazada sigue prohibido

El día 11 de noviembre del 2015, el Diario El Comercio publicó una carta en donde se explica que los contratos de trabajo suscritos entre empleadores y trabajadoras embarazadas antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar (20 de abril del 2015) sí pueden terminar por desahucio, es decir, de empleador a trabajadora, porque, el autor dice, si bien antes no se lo podía hacer, esta ley al eliminar la frase “ni de desahucio” del Art. 154 del Código del Trabajo lo permite, pues la ley no tiene una disposición transitoria respecto a este tema. Pero esta interpretación es errada.

Esta ley tiene algunos errores, pero éste no es uno de ellos. Me explico: Para que el empleador desahucie a una trabajadora, primeramente se tuvo que suscribir un contrato a plazo fijo (no otro); la disposición transitoria segunda de esta ley establece que todos los contratos a plazo fijo celebrados antes de ésta continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en la época de su celebración; una de las disposiciones de aquella época era que no se podía desahuciar a las trabajadoras embarazadas; en conclusión, actualmente en un contrato a plazo fijo suscrito antes de dicha ley un empleador tampoco puede desahuciar a una trabajadora embarazada. ¡Cuidado! Desahuciar a una mujer embarazada es sinónimo de despido intempestivo, los cual se traduce en indemnizaciones que el empleador deberá pagar y que como mínimo podrían llegar a ser 15 meses de remuneración.

Pero se podría decir que, entonces, en los contratos a plazo fijo suscritos luego de la entrada en vigencia de la ley el empleador sí puede desahuciar a la trabajadora embarazada, ya que para éstos no aplican las disposiciones de la época anterior y tampoco hay una disposición transitoria que lo prohíba. Pero, en mi opinión, esto también sería un error, pues la ley ni siquiera permite la existencia de este tipo de contratos luego de ella, pese a la posición contraria del Ministerio del Trabajo en su acuerdo respectivo.

A continuación transcribo la normativa pertinente.

La Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar:

“Art. 24.- En el artículo 154, refórmese lo siguiente:
1. En el tercer inciso del Artículo 154, elimínese la frase: ‘ni de desahucio’.
2. Deróguese el último inciso.”

“Disposición Transitoria Segunda.- Todos los contratos a plazo fijo y de enganche, celebrados con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia de esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes a la época de su celebración, y en aquellos casos que corresponda, hasta el 01 de enero de 2016.”

El Art. 154 del Código del Trabajo antes de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar:

“Art. 154.- (…) Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de desahucio, desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, por otro facultativo. (…)”

El Art. 154 del Código del Trabajo luego de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar:

“Art. 154.- (…) Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo, desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, por otro facultativo. (…)”


jueves, 20 de noviembre de 2014

Comentarios al proyecto de reformas laborales en el Ecuador (noviembre 2014)

Este texto trata la propuesta de reforma al Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social denominada “Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar” entregada por el ejecutivo al legislativo[1]. A continuación comentaré sobre 4 de los 5 ejes en los que se enfoca la propuesta:

I)     Mayor estabilidad laboral:

a.    Eliminación del contrato a plazo fijo y desahucio:

La propuesta elimina el contrato a plazo fijo y, con ello, por supuesto, el desahucio del empleador al trabajador.

En la actualidad existen muchos negocios que no son estables ni permanentes. Estos negocios pueden durar sólo unos meses, un par de años o tener altibajos, y eso depende estrictamente de la demanda comercial -no de la mala fe del empleador-. Este tipo de negocios cumplen con dos beneficios: cubren una demanda de la sociedad y generan trabajo -así sea momentáneo, pero lo hacen-. Sin embargo, no han podido crecer lo suficiente y se han frenado, entre otras cosas, principalmente por la falta de tipos de contratos de trabajo que se ajusten a estos negocios, ya que los que establece el Código del Trabajo son insuficientes. El Ecuador necesita para que haya más y mejor producción, más emprendimiento, más trabajo y más necesidades cubiertas eliminar tanta rigidez en la contratación laboral.

En el presente lo que suele ocurrir en la realidad es lo siguiente: 1) El empleador suscribe con trabajadores un contrato a plazo fijo de 1 año con periodo de prueba de 90 días. Muchos de estos trabajadores pasado el periodo de prueba bajan su rendimiento, pues saben que el empleador no podrá terminar el contrato de trabajo fácilmente -porque para hacerlo debe indemnizarlo por despido intempestivo, esperar a que se cumpla un año para desahuciarlo o esperar a que cometa una falta grave para tramitarle un visto bueno-. Otros tantos bajan su rendimiento cuando el contrato a plazo fijo se vuelve a plazo indefinido, y es que con este contrato el empleador ya ni siquiera tiene la posibilidad de desahuciar al trabajador -que es lo que se espera con las reformas-. 2) Algunos empresarios se abstienen de iniciar ciertos negocios, porque ni siquiera el contrato a plazo fijo les sirve para realizar el proyecto planeado. Estas explicaciones no son hipótesis, sino que ocurre en la realidad -como los casos que más adelante trataré-.

Por lo tanto, contrario a lo que el Gobierno ha tratado de impulsar, es decir, el aumento de la producción y emprendimiento nacional, la eliminación del contrato a plazo fijo y el desahucio provocará, sin dudas, un alto aún más grande en la producción y en el emprendimiento. Muchos trabajadores dejarán de laborar con empeño mucho antes al sentirse más seguros dentro de la empresa pasado los primeros 90 días. Por otro lado, si ahora es complicado montar un negocio temporal o inestable, con la eliminación del contrato a plazo fijo será peor. Además, un emprendedor pensaría muchísimo en entrar al mercado sabiendo que los trabajadores que contratará pasado 90 días deberá mantenerlos indefinidamente, lo cual es un riesgo muy alto para alguien que recién comienza. Tanta estabilidad perjudica hasta a la misma clase obrera, ya que el empleador al tener que mantener a un mal trabajador, no podrá contratar para ese cargo a otro que sí lo merece. Y, por último, a nivel internacional nos será también complejo competir con los países vecinos, donde la contratación laboral no es tan limitante como aquí.

Nuestro país necesita justamente lo contrario a la propuesta en cuestión, en otras palabras, necesita más variedad de contratación laboral. Los modelos de contratos actuales vienen desde la década de los 30; en vez de actualizarnos, vamos a retroceder con esta reforma.

b.    Despido intempestivo a las mujeres embarazadas y a los dirigentes sindicales:

Actualmente, a más de la indemnización general por despido intempestivo, existe una indemnización de 1 año de remuneración si se despide intempestivamente a una trabajadora embarazada, pero esta indemnización sólo aplica cuando dicho despido es por causa del embarazo y no simplemente porque esté embarazada -véase el Art. 332, 2º de la Constitución de la República[2] y el Art. 153, 1º del Código del Trabajo[3]-. Para el caso del dirigente sindical, si se lo despide intempestivamente tiene derecho a una indemnización de 1 año de remuneración.

En la propuesta de reforma si se despide intempestivamente a una mujer embarazada -basta que se cumpla este hecho, no que el despido sea por causa de su estado- o a un dirigente sindical, el asunto va así: El juez deberá declarar que el despido intempestivo es ineficaz, lo cual se traduce en que el contrato de trabajo nunca terminó. De este modo, el empleador tendrá la obligación de reintegrar a estos trabajadores -obviamente contra su voluntad-, más el hecho de tener que pagar las remuneraciones impagas por causa del despido intempestivo con un recargo del 10%. Pese a esto, el trabajador si no desea reintegrarse tendrá derecho a una indemnización de 1 año de remuneración más la indemnización general por despido intempestivo. Y, de paso, si el empleador se negase a reintegrar al trabajador, podrá ser sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.

Primero, en la práctica son pocos los casos donde un empleador decide despedir intempestivamente a una mujer embarazada, porque se corre el riesgo de pagar una indemnización muy alta. Por lo que las sanciones en la propuesta son exageradas.

Segundo, tanta protección a estos trabajadores, aunque sea con buena intención, generará -y ya es así en muchos casos- que ellos se aprovechen de su estado para no sólo bajar su rendimiento -en esto aplica los mismos argumentos del literal a-, sino para causar daño al empleador -sobre todo en el caso de los dirigentes sindicales- o para que el empleador prefiera despedirlos intempestivamente de modo inmediato frente a tener que intentar un engorroso y largo trámite de visto bueno y así lograr obtener las indemnizaciones correspondientes.

Tercero, si no se da lo anterior, lo que sucede es que al empleador no le quedará de otra que hostigar al trabajador con el fin de obtener su renuncia o abandono. Si bien muchos autores consideran que el hostigamiento es un tipo de despido intempestivo, lo cierto es que probar un hostigamiento a veces es imposible. Al final, en vez de ayudar al trabajador con estas protecciones, se lo podría terminar perjudicado doblemente: sin trabajo y afectado mentalmente.

Cuarto, con las sanciones actuales muchas empresas evitan contratar a mujeres, más aún si están casadas y son jóvenes; por ello hay que imaginarse entonces cómo sería con estas reformas.

Quinto, la obligación de reintegro atenta contra el derecho a la libertad de contratación determinado en la Constitución de la República. Aparte, sancionar con una pena privativa de libertad para cumplir un reintegro laborar no sólo que es algo descabellado, sino que viola el principio constitucional de mínima intervención penal.

Sexto, se podría decir que contra los malos trabajadores tenemos el trámite de visto bueno, pero esto no es tan sencillo como suena. Las causales de visto bueno son pocas y muy limitadas; el proceso como tal es largo, agotador y costoso; y, el trámite es muy arriesgado ya que si no se lo hace correctamente - incluso con la resolución a favor-, es decir, si se ha cometido algún error -incluso del inspector de trabajo-, muchos jueces asimilan eso a un despido intempestivo, por desgracia.

Finalmente, reitero en que son innecesarias tantas sanciones al empleador, puesto que en el presente las mujeres embarazadas y los dirigentes sindicales ya están suficientemente protegidos.

c.    Despido intempestivo por discriminación:

La propuesta de reforma otorga a los trabajadores que sean despedidos por discriminación -por discapacidad, por edad adulta, por orientación sexual, entre otros- el derecho a una indemnización adicional que consta en 1 año de remuneración.

Primero, las personas con discapacidad ya tienen derecho a una indemnización especial en caso de que se los despida intempestivamente, indemnización que equivale a 18 meses de remuneración -véase el Art. 51 de la Ley de Discapacidades[4]- más la indemnización general por despido intempestivo, o sea, mínimo 21 meses. Pero, como si fuera poco, con la reforma se les pretende aumentar a estos trabajadores 1 año de remuneración. Estaríamos hablando de mínimo 33 meses de indemnización en el caso de las personas con discapacidad. Como en los casos anteriores, los trabajadores sobreprotegidos tienden a dar un mal servicio a su empleadora, y no por su condición de discapacitado, sino por la comodidad que la ley les da; y es a los empleadores a quienes les toca aguantar su permanencia a costa de pérdidas.

Segundo, son prácticamente inexistentes los casos de despido intempestivo por discriminación. Tenemos la suerte que aquí a la gran mayoría de los empresarios no les interesa la condición de sus trabajadores, basta con que cumplan con su trabajo. Entonces, no es muy relevante esta indemnización de despido intempestivo por discriminación.

Tercero, sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior, no deja de ser un gran peligro que un juez pueda considerar que el simple hecho de despedir intempestivamente a una persona discapacitada, anciana, homosexual o de otro grupo vulnerable sea considerado discriminación. Y es que muchos jueces suelen pensar negativamente en contra de los empleadores, incluso cuando la carga de la prueba está en el trabajador.

Cuarto, si lo que se quiere evitar es que no exista discriminación en la sociedad a un grupo de personas, el hecho de otorgarles tanta protección creará lo contrario, o sea, más rechazo a la hora de contratar a estas personas por el riesgo que se asume al hacerlo.

Por lo tanto, pienso que esta indemnización por discriminación no es necesaria, pero sí un tanto peligrosa para los empresarios e, incluso, para los propios trabajadores de grupos vulnerables.

II)    Límites a las ganancias:

a.    Utilidades de los trabajadores:

La propuesta de reforma plantea que las utilidades distribuidas a cada trabajador no podrán exceder de 24 salarios básicos unificados y que el excedente se lo deberá entregar al IESS.

Primero, ¿por qué le interesa al Estado la cantidad de utilidades que perciba un trabajador? Muchos trabajadores compiten por entrar a grandes empresas donde las utilidades que les corresponden son bastante atractivas, por ello estas empresas poseen buenos trabajadores que se empeñan en dar un buen servicio para mantenerse contratados y así seguir obteniendo utilidades. Todo esto hace que al final los consumidores tengan un mejor servicio o producto.

Segundo, ¿a cuenta de qué el Estado hace suyas las utilidades de los trabajadores? Conforme al Art. 328, último inciso de la Constitución de la República[5] es cierto que mediante ley se puede regular las utilidades que deban percibir los trabajadores, pero de eso a que el Estado pueda quedarse con parte de esas utilidades hay una gran diferencia.

b.    Límites a brechas remunerativas:

Se pretende limitar la remuneración de los gerentes generales y representantes legales de las empresas, haciéndolas depender de lo que gane el trabajador con más baja remuneración dentro de las mismas.

La gran mayoría de los negocios tienen como fin el lucro y es que sin este incentivo casi nadie iniciaría uno. Es lógico. Se sabe que por regla general son las empresas privadas con fines de lucro las que ofrecen mejores servicios y productos a la gente. Mientras más oportunidades tenga de ganar un empresario, más riesgos asume y por ende invierte más -lo cual es beneficioso para la sociedad-. Nuevamente, quienes se benefician de esto no son sólo los empresarios, sino todos.

Pero limitar las ganancias de quienes se encargan de poner en riesgo su capital y su persona -porque los trabajadores no asumen ese riesgo-, no sólo es injusto, sino que ineficiente. Para comenzar un negocio en Ecuador se deberá pensar mucho más que ahora, porque esto asusta y bastante -como si las otras reformas no bastaran o como si no bastara el hecho de que los empleadores ya se despojan del 15% de sus utilidades para entregarlas a sus trabajadores-. Si bien la propuesta no dice cuánto será el límite, se ha hablado de que el empleador no podrá ganar 20 veces más que el trabajador con menor ingreso[6], y con esto doy el siguiente ejemplo: ¿Ustedes creen que esas personas que el Estado ha financiado para que estudien en el exterior en universidades de prestigio van a venir al Ecuador para emprender sólo por $ 6,800 mensuales? No lo veo imposible, pero sí bien difícil, porque muchos preferirán cumplir con su parte del contrato con el Estado o pagar la deuda e irse a ganar a otro país mucho más y con menos riesgos. Recordemos que un emprendedor suele contar con poco capital como para pagar altos sueldos a sus trabajadores. Y aún si no se tratase de emprendedores, muchos empresarios preferirán no invertir en el Ecuador, porque a nadie le gusta que le limiten lo que puede ganar generado con su propio dinero. Ya hay muchas restricciones a las empresas como para darnos el lujo de imponer otra tan fuerte. El país perderá.

Y si las empresas se quedan, lo más seguro es que la gran mayoría de los empleadores no subirán las remuneraciones de los trabajadores, sino que bajarán las suyas y ganarán la diferencia de otro modo a espaldas del Estado, porque al subir las remuneraciones de los trabajadores no sólo subirá eso, sino los demás beneficios laborales e indemnizaciones, lo cual hará que se cree un gasto muy elevado para las empresas. De esta manera, si la intención con esta medida es que los trabajadores ganen más, no parece que será así.

Vemos que limitar los ingresos tanto a los trabajadores como a los empleadores lo que único que genera es desincentivo, lo que conlleva a una sociedad menos satisfecha.

III)   Mensualización de los décimos:

La propuesta cree que implementará algo nuevo: que la decimotercera y decimocuarta remuneración puedan ser pagadas mensualmente al trabajador y no en un solo pago. Pero con la legislación actual se puede hacer eso, sólo que la gente lo desconoce y por ello muy pocos lo han implementado.

El Código del Trabajo dice:

“Art. 111.- Derecho a la decimatercera remuneración o bono navideño.- Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. (…)”

“Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. (…)”

Vemos que ambos casos sólo hay un “hasta”, lo que quiere decir que siempre que el empleador realice el pago hasta esa fecha cumple con la ley. Por lo tanto, al no haber más restricciones, los pagos de estas remuneraciones se las pueden hacer en cuotas o en un solo pago en cualquier mes hasta antes de la fecha indicada.

Esta reforma lo único que cambia es que la decisión en la forma de pago de dichas remuneraciones ahora la decide el trabajador. No es una reforma profunda.

IV)  “Democratización” de las organizaciones de los trabajadores:

Sobre las organizaciones de trabajadores lo único relevante en el proyecto es que la directiva del Comité de Empresa será elegida por votaciones secretas y ya no alzando la mano. Nada más.

Aquí quiero decir algo relacionado a estas organizaciones. Las organizaciones de los trabajadores subsisten del dinero de los trabajadores aportantes y tienen que cumplir con obligaciones hacia ellos, sin embargo el Estado no las controla. Dentro de la historia se conocen casos donde organizaciones laborales han administrado mal el dinero aportado y que no han cumplido con sus obligaciones. ¿Si el Estado no controla estas organizaciones, por qué sí lo hace con las compañías y tan estrictamente -más si son financieras-? En esto hablemos de discriminación.

En conclusión, algunas de las propuestas son realmente preocupantes porque incidirían negativamente en la economía del país -incentivemos la producción, no la ahuyentemos; y, seamos también considerados con los empleadores y con los consumidores-, otras son irrelevantes y otras simplemente no existen.



[2] Constitución de la República: “Art. 332.- (…) Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos.”
[3] Código del Trabajo: “Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el artículo anterior. (…)”
[4] Ley de Discapacidades: “Art. 51.- Estabilidad laboral.- (…) En el caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviere a su cargo la manutención de la persona con discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor equivalente a dieciocho (18) meses de la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal correspondiente. (…)”
[5] Constitución de la República: “Art. 328.- (…) Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley.”
[6] El Telégrafo, Las reformas laborales se centran en cinco ejes, recuperado de http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/presentacion-de-reformas-al-codigo-de-trabajo.html